Andrés Crimson

Hoy he recibido de un amigo un e-mail con un enlace a una noticia titulada <<Magistrados y abogados apuestan por suprimir la prisión en determinados delitos>>. Esta es una propuesta que celebro, pero leyendo el resto de la noticia encuentro otra información ante la que expreso claramente mi desacuerdo. Como en la respuesta que le he dado expongo totalmente mi postura, apenas me voy a limitar a reproducirla aquí.

Creo que el título de la noticia expresa el sentimiento general del razonamiento, en oposición a la irracionalidad punitiva de la interesadamente difundida cultura del miedo. Una cultura del miedo que cala en las creencias y eso es lo que me parece más complicado de modificar. Por ello, el político que se aleje de forma destacada de las nuevas tendencias del Código Penal está abocado a perder votos.

Está bien el reconocimiento de la situación que se denuncia en la noticia, pero tiene un trasfondo que la hace de lo más peligrosa. Las personas que se mencionan en el recorte de prensa forman parte del grueso de las críticas a la instrumentalización política del Derecho Penal, pero lo hacen con el fin de legitimar la intervención de la cárcel, para que <<cumpla su función reeducadora>>, tal y como dicen.

La cárcel, al menos tal y como por el momento se ha concebido, es un instrumento obsoleto y totalmente contrario a los principios que deberían derivar de un Estado que presume de social, democrático y otros muchos valores que quedan bonitos en la letra. Y la cárcel se está nutriendo especialmente de clases sociales bajas; se defiende, en resumen, la “resocialización” de esas clases. Se trata, pues, de “socializarlas” en el modelo de clase media-alta, aceptando además su posición social.

También hay que destacar algo que no se dice sobre la cárcel, de entre muchas otras cosas, y es que de entre el total de presos no llega al 10% el volumen de los que cumplen condena por delitos como violación, homicidio o lesiones. La mayoría son delitos contra la propiedad privada y “delitos contra la salud pública”, a los que si los llamamos por su nombre son delitos económicos. Este último caso es el que nutre a las cárceles de mujeres de la mayoría de su clientela, las cuales, además, son encerradas en unas instalaciones incluso más deficientes que las previstas para los hombres, dándose un claro trato desigual. Estos datos dejan ver el papel real que cumple la cárcel, y no el ideal resocializador que a estas alturas está ya más que lastimado.

El problema más grave llega cuando se asume que la resocialización no es posible y se pasa a centrarse únicamente en la pena, en el castigo puramente, porque eso alimenta precisamente a las nuevas tendencias penales.

En definitiva, una noticia que muestra buenas intenciones, pero que no escapan de la lógica discriminatoria y desigual del sistema. A celebrar, pero hay que ser más valiente.