Andrés Crimson

Mi teléfono móvil ha tomado la decisión de apagarse y encenderse cuando lo considera oportuno: celebro su nueva vida independiente.

Más por satisfacer la necesidad de otros que no la mía propia, he comprado un nuevo móvil. Justo hoy, día en que, como rezaba un cartel informativo en la tienda, se aplica la ley por la que toda tarjeta prepago debe estar vinculada a los datos de su propietario. Esta medida nos priva de la seguridad de tener unas comunicaciones, de datos o voz, totalmente anónimas.

La excusa para este nuevo recorte de libertades, una vez más, el terrorismo. Hay quien alude a la importancia de conocer estos datos por la posibilidad de activar explosivos vía teléfono móvil. Este razonamiento es bastante estúpido y más que beneficios sólo comporta complicaciones. El interesado en hacer estallar una bomba con este método tan sólo tiene que hacerse con un teléfono móvil ajeno. Lo mismo ocurre en el caso de querer mantener determinados tipos de conversaciones. Al tráfico de tarjetas de crédito se le puede sumar ahora el de tarjetas telefónicas de prepago.

Sobre los problemas en los que se encuentra la persona titular de la tarjeta en esa situación creo que no es necesaria explicación alguna. Y acerca de la nula efectividad de esta ley en este sentido tampoco. Servirá en todo caso para engañar al personal haciendo creer que se trabaja duro para sus intereses y, sobretodo, para conseguir un nuevo recorte en los derechos de todos los ciudadanos.

No hay que olvidar que no hay seguridad sin derechos. Los derechos que hoy gozamos son los que nos dan seguridad, y no deberíamos olvidar la lucha que ha sido necesaria para ello. Que el aumento de la seguridad pase por un detrimento de los derechos no es más que una contradicción. Eso forma parte de la nueva definición de seguridad que se quiere imponer y que ya cala hondo en la sociedad.